Con una situación poco clara de su condición de senador con rela­ción a las multimillonarias facturaciones al Estado de empresas y consorcios a los que aparece vinculado, el sena­dor Luis Pettengill Vacca viene zafando dudas y algunos cues­tionamientos sobre posible incompatibilidad como par­lamentario. Mientras tanto, estas firmas proveedoras con­tinúan con jugosas adjudica­ciones en licitaciones públicas.

Pettengill y su clan compuesto principalmente por una her­mana de nombre Blanca María Pettengill Vacca, los hijos del senador, Juan Carlos Petten­gill Castillo y Olivia Mercedes Pettengill Castillo, han ama­sado fortuna con contratos en instituciones públicas, aunque se destacan cartera de clientes que parecieran tener exclusivi­dad con empresas de la familia. De hecho, por las construccio­nes de pavimentos adjudica­das, el nombre del parlamen­tario sonó fuerte durante la última campaña electoral como parte de la trilogía del negocio del asfalto a través del MOPC en el que fue muy bene­ficiado el expresidente de la República Mario Abdo Benítez cuya distribuidora aumentó facturaciones de hasta 6.110 % anual.

El clan Pettengill amasó for­tuna con licitaciones del Estado en la última década, según registros de Contra­taciones Públicas. Cuatro empresas y una red de con­sorcios principalmente en el rubro de obras viales, eléctri­cos y cárnico les han redituado contratos que rondan los G. 5,3 billones (ver infografía).

El actual senador Pettengill también incursionó en el rubro de insumos médicos y aparece en documentos desde el 2020 como parte de Dysa Health­care SA, una de las principa­les proveedoras en pandemia del Ministerio de Salud Pública como del Instituto de Previsión Social (IPS), etc., con un total de G. 170 mil millones en adju­dicaciones. Si bien Pettengill desapareció de algunas actas de asambleas como de regis­tros de beneficiarios finales declarados en el Ministerio de Economía y Finanzas, su clan permanece en estas prósperas contratistas del Estado. En este contexto, sin embargo, no se puede obviar que en la decla­ración jurada presentada por el senador al asumir el cargo figuran acciones en una decena de empresas entre las que está Frigorífico Guaraní, que tiene contratos en ejecución con el Estado y adjudicaciones des­pués de que este se haya ubi­cado en el Congreso.

La cartera estatal informó que las 17 Instituciones Financieras Habilitadas (IFIs) conforman la lista de firmas que acompañarán la ejecución del proyecto.

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Los bancos adheridos al programa son: Banco Nacional de Fomento, Banco Atlas, Banco BASA, Visión Banco, Ueno Bank y Zeta Banco.

En tanto que las entidades financieras que se sumaron son: Financiera Paraguayo Japonesa y Financiera FIC.

Las cooperativas adheridas son las siguientes: Cooperativa SANJUBA Ltda., Cooperativa Multiactiva Ñemby Ltda., Cooperativa Mburicaó Ltda., Coodeñe Ltda., Cooperativa Nazareth Ltda., Cooperativa Paraguaya de la Construcción Ltda., Cofan Ltda., Cooperativa Mborayhu Ltda., y Cooperativa 21 de septiembre Ltda.

Según el MUVH, las familias podrán gestionar créditos de hasta 400 millones de guaraníes a una tasa del 6,5% anual y un plazo de hasta 30 años.

Por otra parte, las entidades financieras deben contar con un convenio firmado con una aseguradora que garantice la culminación de las obras en las condiciones de calidad exigidas por el programa.

Las aseguradoras que se sumaron hasta ahora son La Rural del Paraguay SA, El Comercio Paraguayo SA, Fénix SA de Seguros, La Consolidada SA de Seguros, Sancor SA de Seguros, Seguridad SA de Seguros, Seguros Generales SA (SEGESA) de Seguros, Royal SA de Seguros, Mapfre SA de Seguros, El Sol del Paraguay SA de Seguros y Ueno SA de Seguros.

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El diputado colorado Derlis Rodríguez dijo al respecto que, la continuidad del contrato en cuestión, tiene base en una acción judicial de la empresa, que determina que la administración estatal continúe proveyéndole energía eléctrica, muy por debajo del precio que pagan contribuyentes del resto del país.

Rodríguez manifestó que Cylfsa pasó los límites de la legalidad, al punto de convertir a sus directivos en explotadores de criptominería, que consume enorme flujo de electricidad, por el que pagan hasta 30 % menos de lo que se abona en el resto de la República.

“Resulta inexplicable que ellos utilicen de forma irregular los recursos de la ANDE para sacar provechos personales”, dijo Rodríguez en comunicación con la 1020 AM.

Añadió que el caso tiene su conexión con manejos irregulares en la justicia, que da respaldo legal a una ilegalidad.

La firma Clifsa, al decir del legislador, opera fuera de lo legal para ofrecer el servicio de distribución eléctrica para los consumidores del Guairá.

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“Siguiendo el proceso de modernización del organigrama de @DiputadosPy he suprimido el departamento de cafetería”, anunció el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre.

Se trata de la resolución administrativa 1351, aprobada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. “Que suprime el Departamento de Cafetería, dependiente de la Dirección de Servicios Generales de la Honorable Cámara de Diputados”.

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La resolución establece además la actualización y aprobación de la estructura organizacional y el Manual de Organización y Funciones vigentes.

“Seguiremos en la dirección de la optimización del gasto público en la cámara de diputados”, añadió el presidente Latorre.

Cabe recordar que meses atrás se generó una polémica al descubrirse que la directora de Cafetería percibía un salario mensual de G. 13 millones y tenía a su cargo a otros dos funcionarios.